ORGANISMO DE ESTADÍSTICA DE MÉXICO ADMITE QUE PAGÓ A BANDAS PARA ENTRAR A PUEBLOS A HACER CENSOS
En el vecino estado de Michoacán, los residentes reconocieron recientemente que casi todos los productos básicos de su región costaban entre 30% y 50% más porque los cárteles de la droga controlaban la distribución, y que la situación era conocida por las autoridades
CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El instituto de estadísticas de México reconoció que el año pasado tuvo que pagar a bandas para poder ingresar a ciertas ciudades a realizar el censo. Y algunos analistas dicen, al respecto, que los cárteles de la droga tienen como blanco a los trabajadores de ese organismo, a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes de México por numerosas razones.
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Susana Pérez, declaró la víspera ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo, y que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas.
Pérez afirmó que el problema era peor en las zonas rurales del país, y que el INEGI tuvo que emplear varios métodos para poder operar en esas regiones.
“Hay diversas estrategias desde en algunos casos pagar por entrar”, indicó la directora al explicar que también recurren a la contratación de personal que vive en esas zonas que son conocidos por los pobladores y por “quienes podían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia”.
En el centro y norte de México, donde hay problemas de violencia por las guerras territoriales del narcotráfico y la migración, los trabajadores del censo encontraron comunidades agrícolas abandonadas sin nadie a quien encuestar.
El INEGI es financiado por el gobierno, pero goza de una autonomía casi total para garantizar que las estadísticas no sean alteradas por los políticos.
El analista de seguridad, David Saucedo, dijo el viernes que en efecto los cárteles de la droga y las bandas tienen como blanco a los trabajadores del INEGI, así como a colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia en algunas partes de México.
“Hay casos en donde los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores para dejarles hacer encuestas. En este caso se trata de un delito de extorsión simple y llana”, afirmó Saucedo.
En el centro y norte de México, donde hay problemas de violencia por las guerras territoriales del narcotráfico y la migración, los trabajadores del censo encontraron comunidades agrícolas abandonadas sin nadie a quien encuestar.
El INEGI es financiado por el gobierno, pero goza de una autonomía casi total para garantizar que las estadísticas no sean alteradas por los políticos.
El analista de seguridad, David Saucedo, dijo el viernes que en efecto los cárteles de la droga y las bandas tienen como blanco a los trabajadores del INEGI, así como a colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia en algunas partes de México.
“Hay casos en donde los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores para dejarles hacer encuestas. En este caso se trata de un delito de extorsión simple y llana”, afirmó Saucedo.
Los comerciantes dijeron a la AP que los elevados precios se debían a los “impuestos” que cobraba un cartel de la droga local, o por la propiedad de los puntos de distribución que manejaban narcotraficantes.
Desde hace mucho tiempo se ha convertido en una práctica peligrosa que extraños entren a los pueblos y comiencen a hacer preguntas.
En 2015, una turba mató y quemó a dos encuestadores que realizaban un sondeo sobre el consumo de tortillas en un pequeño pueblo al sureste de la Ciudad de México. En 2016, tres hombres que trabajaban para una empresa de encuestas fueron rescatados de una turba que les propinó una brutal paliza en el estado de Tabasco, en la costa del Golfo de México.
